Pasaban las 10:00 de la noche cuando ‘Natalie’ —nombre ficticio para proteger su identidad por lo delicado del caso que enfrenta— descendió del avión en el que regresó a Hermosillo, Sonora, tras unas vacaciones en el sureste de México.

Apenas bajó las escaleras eléctricas del aeropuerto, cuando unos agentes de la Guardia Nacional (GN) la frenaron para solicitarle su identificación; luego la privaron de su libertad por casi dos horas, tiempo en el que la intimidaron, amenazaron y extorsionaron.

Fue el inicio de una larga odisea en la que por momentos tuvo la certeza de que sería deportada o perdería su libertad.

“Estaba muerta de nervios y miedo”, narra la mujer de 28 años, originaria de Honduras. 

‘Natalie’ es residente legal en Sonora, desde enero de 2020. Cuenta con una visa de estudiante, pues cursa una maestría en Ciencias Sociales con enfoque en migración.

El estado donde radica es una zona tradicional de paso de migrantes que buscan cruzar la frontera con Estados Unidos, sobre todo, en la región desértica de Altar y Sásabe.

De hecho, Sonora es la octava entidad con mayor detención de personas migrantes en el país. Entre enero de 2021 y marzo de este año se ha detenido allí a 16 mil 501 personas, la mayoría de origen centroamericano, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Muchas fueron arrestadas en el aeropuerto. Hermosillo, donde se ubica la terminal aérea, es el tercer municipio con más detenciones de migrantes en el país.

La tarea está a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), que desde 2019 es acompañado por elementos de la GN que, desde su creación, tiene facultades de supervisión migratoria. Una decisión cuestionada por organizaciones civiles por los elementos con que se integró la corporación: la Policía Militar, entrenada para otros propósitos.

Por este cariz, advierten, existe un alto riesgo de que se cometan abusos contra personas migrantes.

La GN es una de las 10 dependencias del gobierno federal con mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): 920, en total, entre 2019 y lo que va de este año.

‘Natalie’ lo vivió de forma directa.

La Guardia Nacional vigila permanentemente el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora.

‘Natalie’ regresaba a su casa desde Ciudad del Carmen, Campeche, a donde fue a visitar una familia de amigos hondureños. En su regreso le acompañó uno de ellos.

No tuvo ningún problema en el viaje, hasta que llegó al aeropuerto de Hermosillo. Al recoger su maleta encontró a cuatro agentes de la GN.

Uno de ellos “preguntó si veníamos juntos y pues le dije que sí; entonces, nos pidió identificación”, cuenta.

Los uniformados que hacían las revisiones no estaban acompañados por personal del INM, lo cual es una irregularidad.

Desde mayo de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Guardia Nacional, los elementos de la corporación están autorizados para verificar la condición migratoria de las personas extranjeras. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 9 fracción XXXV de la legislación, la revisión tiene que realizarse en coordinación con el INM. 

En caso de encontrar alguna irregularidad en las personas sometidas a revisión, señala el mismo artículo, los elementos de la GN deben presentarlos ante el instituto “para los efectos previstos en la ley de la materia”.

Además, el artículo 60 fracción VIII de la misma ley obliga a los agentes de la corporación a “abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna, sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables”.

Esto no ocurrió en el caso de ‘Natalie’. Los agentes de la GN que les interceptaron aplicaron con ella un criterio distinto y a su acompañante lo dejaron seguir.

A ella, en cambio, le ordenaron pasar con otro de los agentes, a quien sus compañeros llamaban ‘el Flaco’, para que revisara el documento que la acredita como residente temporal en México.

“Le entregué mi identificación, me preguntó si venía sola, le dije que no, que venía con un amigo”, narra. El acompañante de viaje la esperaba en la puerta de salida de la terminal, que a esa hora se iba quedando vacía.

El agente que interrogó a ‘Natalie’ se dio cuenta y llamó al hombre. Los militares separaron a la pareja, a la espera de que se vaciara la terminal.

Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora. El lugar donde ocurrió la extorsión.

“Uno de los elementos estaba preguntándome lo que yo hacía, desde cuándo estaba yo en México, dónde vivía, cuál era mi dirección”, recuerda. “‘¿Hay algún problema con mis documentos?’, respondí”.

El elemento de la Guardia Nacional se tornó agresivo, tomó los papeles de ‘Natalie’ y comenzó a buscar por internet información personal de la hondureña.

A su amigo, otro agente le preguntaba sobre ella. “A lo lejitos escuché lo que le estaban preguntando: ‘qué hace ella acá, a qué se dedica, hace cuánto está aquí’”.

Los agentes tomaron fotos de su tarjeta de residente, renovada en enero de 2021, y su credencial de estudiante. Luego acusaron al amigo de ‘Natalie’ de traer una licencia falsa. 

“Él viene de ilegal”, me dijeron. “Y el que me estaba checando a mí le dijo a su compañero: ‘ella sí está en regla’”.

En ese momento, ‘el Flaco’, quien interrogó a ‘Natalie’, le preguntó si sabía que su compañero de viaje no traía documentos en regla. 

“Le dije ‘no, no sé su situación migratoria, nomás somos amigos, no le voy a estar preguntando eso’”, cuenta.

La respuesta desató la furia del agente. “Pegó un grito a los otros tres que estaban con mi amigo y les dijo: ‘los vamos acusar de trata de personas’. Me asusté mucho”.

El maltrato hacia ‘Natalie’ y su acompañante es una muestra de los excesos que se cometen al colocar a militares en tareas que corresponden a civiles. Organizaciones como la Fundación para la Justicia (FJEDD) han promovido amparos contra la participación de la GN en esas tareas.

Otras, como la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), promovieron desde 2019 la campaña #LaGuardiaNoEsPolicíaMigratoria.

Los amparos siguen su curso ante tribunales, mientras la Guardia Nacional mantiene la misma actuación en las revisiones migratorias, los abusos incluidos.

Desplegar a la GN en tareas de migración implica riesgos, advierten activistas.

A la custodia de la mujer se sumó también ‘el Flaco’, quien molesto le exigió un comprobante de los depósitos que recibe de su beca del gobierno. Quería una prueba de sus dichos.

Como ella le explicó que no recibe ningún comprobante en papel, solo transferencias a su banco, el agente le exigió abrir su cuenta bancaria desde el celular y que mostrara el monto que recibió el último mes. ‘Natalie’ obedeció.

Luego regresó a amenazarla con acusarla de tráfico de personas. 

“Me dijo que toda persona que acompaña y moviliza a un inmigrante realiza trata de persona, pero yo pues ni siquiera sabía qué estaba pasando”. 

“Los ves ahí uniformados, son cuatro, todos prepotentes te hacen creer que estás haciendo algo malo. Entonces, no supe qué decirle”, comenta al recordar el episodio que todavía le altera los nervios.

Después de un rato —no recuerda cuánto tiempo—, su amigo salió de la oficina de la Guardia Nacional y dijo que los agentes le pidieron dinero. 

“Les dio 3 mil y fracción” de pesos; no traía más, dice la mujer. A ella también le exigieron que entregara dinero, pero como no disponía de efectivo, le ordenaron bajar al área de cajeros del aeropuerto, mientras desde el piso superior la vigilaban los elementos de la GN.

‘Natalie’ obtuvo entonces 5 mil pesos, que entregó a sus captores. Luego esperó afuera de la oficina custodiada por ‘el Flaco’, a quien la mujer le rogaba que la dejara irse a su casa. 

Otro elemento de la GN se acercó con dos hojas, que supuestamente contenían la acusación por el delito de trata de personas, pero el agente que la custodiaba le pidió esperar, pues aseguró que quería ayudarla.

“Mira, yo sé cómo te va afectar esto”, le dijo. “Primero te van a deportar, vas a perder tu beca, vas a perder el avance que tienes en tu maestría… Esto es muy grande y yo quiero ayudarte”.

Acto seguido: le pidió más dinero. “¿Cuánto vale para ti tu libertad?”, dijo el hombre, y enseguida pidió ver de nuevo su cuenta bancaria.

Como recordó que ya había realizado un retiro en el cajero del aeropuerto, le pidió entonces que hiciera una transferencia por 15 mil pesos.

La mujer aceptó y desde su teléfono celular depositó el dinero a la cuenta que le proporcionó uno de los agentes que se encontraban en la oficina de la Guardia Nacional. 

Aun así, no dejaron ir a ‘Natalie’ ni a su acompañante. Para liberarlos, ‘el Flaco’ puso dos condiciones: una consistió en la entrega de dinero —que ya había cumplido—, y la segunda, guardar silencio. 

“Quiero asegurarme que esto no va a salir de acá, que no vas hablar con nadie y que esto se queda entre nosotros”, amenazó. Enseguida le arrebató el celular, tomó su número, le marcó y exigió que guardara el suyo. 

Al despedirse, ‘el Flaco’ pidió a ‘Natalie’, a quien mantuvo retenida y amenazada por varias horas, que fueran amigos.

Era casi medianoche cuando a ‘Natalie’ y a su acompañante les permitieron salir del aeropuerto. 

‘El Flaco’ se ofreció a llevarla a su casa y le pidió que no se fuera con su acompañante. “Yo te voy a ir a dejar, te vas a ir conmigo, nomas espérame”, le dijo. La mujer se negó.

En un descuido de los agentes, el amigo de ‘Natalie’ le aconsejó no permitir que la llevaran a su casa y que hablara con su compañera de habitación para que la recogiera en el aeropuerto. 

Su amigo abordó un automóvil del servicio Uber. Por ‘Natalie’ pasó su amiga; apenas había subido al automóvil cuando recibió un mensaje por WhatsApp. Era ‘el Flaco’, quien preguntó: “¿Ya vas en camino? Avisa cuando llegues a tu casa”.

El trayecto fue difícil. ‘Natalie’ estaba aterrada ante la posibilidad de que el elemento de la GN pudiera llegar a su casa. Cada que escuchaba pasar un carro por la calle donde vive, temía que fuera él: “empezaba a temblar”. 

Pero el acoso no terminó esa noche. En los días siguientes, la estudiante recibió varios mensajes. 

“Hola, ¿cómo estás?… Ojalá me aceptes una salida a un café… Quiero ser tu amigo… ¡Feliz domingo!”, eran algunos de ellos.

Fueron momentos difíciles para ella. “Tenía muchísimo miedo, me sentía amenazada, me sentía intimidada, me sentía acorralada, me sentía bien pequeña”, dice. 

“Temblaba de miedo”, confiesa Natalie. Vivió un infierno por la extorsión y acoso de agentes de la GN.

Al salir del aeropuerto de Hermosillo, lo último que pensó ‘Natalie’ fue en presentar una denuncia por lo que había sucedido.

Conocía historias de personas migrantes que habían sido obligadas a entregar dinero al llegar a aeropuertos o estaciones de autobuses. Los casos de abuso y extorsiones por parte de policías o agentes del INM son comunes entre las personas migrantes que se encuentran en México.

Al principio, ‘Natalie’ decidió dejar pasar el incidente. Pero el acoso del agente de la Guardia Nacional y el miedo permanente que invadió su vida fueron el primer paso para cambiar el rumbo.

Fue muy difícil, cuenta. Temía sufrir repercusiones negativas, además de que no sabía si los agentes que la habían detenido tenían razón en hacerlo. 

El otro paso fue la conversación con una abogada quien le explicó que ella era una víctima, a quien se debía proteger para detener la situación que enfrentaba. Eso la animó. 

Cinco días después de su retención en el aeropuerto, presentó una denuncia ante la delegación en Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue el último día que recibió mensajes del ‘Flaco’. El acoso terminó, pero la vida de la mujer hondureña no fue igual. 

Durante 15 días permaneció encerrada en su casa, su vida social se detuvo por completo. El incidente impactó su actividad académica y su salud mental. 

Sobre este hecho la Guardia Nacional guardó silencio. No respondió a una solicitud de entrevista sobre el caso.

‘Natalie’ ahora busca retomar su vida. 

El caso de la estudiante hondureña cuestiona la estrategia de control migratorio que aplica el actual gobierno federal, advierten organizaciones civiles.

Para atender el problema se requiere entender la situación particular de las personas que cruzan el territorio mexicano, especialmente quienes necesitan refugio o asilo humanitario, señalan especialistas como Gloria Ciria Valdez Gardea, coordinadora general del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora.

Esto es algo que, hasta ahora, no parece ocurrir con la Guardia Nacional. La corporación fue creada en 2019 impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo fue proteger a los ciudadanos y combatir la inseguridad y la violencia, “sin excesos, sin autoritarismos, respetando los derechos humanos”, dijo el presidente. 

Sin embargo, los hechos parecen exhibir otra cosa.

Desde que asumió el cargo de comisionado del INM, el 18 de julio de 2019, Francisco Garduño advirtió que la GN sería desplegada en las fronteras norte y sur, como parte de los nuevos mecanismos de control migratorio en el país.

El funcionario explicó entonces que las personas migrantes podían ser detenidas por agentes de la corporación que participen en los operativos, para luego ser puestas a disposición de los agentes migratorios.

La investigadora Valdez Gardea reitera el riesgo de ese despliegue militarizado.

“A la Guardia Nacional se le ha dado instrucción de detener, supervisar, observar a cualquier individuo que pueda parecer que no trae papeles; entonces, de alguna manera se está metiendo en cuestiones muy delicadas que atañen a los derechos humanos de las personas”, insiste.

Valdez Galdea asegura que se debe observar con recelo la manera como se organiza toda la infraestructura humana para la contención migratoria. Por ejemplo, la incorporación de la Guardia Nacional en facultades de migración imprime un sello diferente a la estrategia por varias razones.

Es una corporación integrada por elementos no capacitados para esa tarea, ni con la sensibilidad suficiente hacia las personas migrantes, lo que da pie a que sigan “las violaciones a los derechos humanos y continúen las extorsiones”, advierte.

Al final del día, coinciden activistas, el resultado es el mismo: un aparato militarizado para contener la migración sin documentos por México.

Y la creciente vulnerabilidad de las personas que solo buscan una alternativa para mantenerse con vida.

Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.

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