Comparte esto a través de Facebook Comparte esto a través de Twitter Comparte esto a través de WhatsApp Comparte esto a través de correo electrónico Comparte esto a través de Compartir Comparte esto a través de LinkedIn Comparte esto a través de Reddit Comparte esto a través de Telegram Comparte esto a través de la impresoraDescargar el informe completo en inglesDescargar el informe completo en inglesLa inhabilidad de España para proteger los derechos en medio del aumento de la pobreza provocada por la pandemiaLa inseguridad alimentaria y la pobreza son problemas persistentes en España.Hace poco más de una década, la crisis financiera mundial de 2008 exacerbó tanto la inseguridad alimentaria como la pobreza.Y así como el nivel de vida de las personas parecía mejorar, la pandemia de Covid-19 y su impacto económico han empeorado una vez más tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria.Al comienzo de la pandemia, el gobierno español amplió los programas de ayuda por desempleo existentes e introdujo un nuevo programa emblemático de asistencia social.Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones declaradas por el gobierno, las debilidades y fallas existentes en el sistema de seguridad social, así como los problemas en el diseño de nuevas formas de asistencia, significaron que el apoyo no alcanzó lo que se necesitaba.Las limitaciones en el alcance y la elegibilidad de las medidas existentes y nuevas han significado que muchas personas aún dependan de la ayuda alimentaria no gubernamental para alimentarse a sí mismas y a sus familias, y luchen por satisfacer sus necesidades básicas.Como resultado, el gobierno de España está incumpliendo sus obligaciones de proteger y cumplir los derechos de las personas a la alimentación ya un nivel de vida adecuado.España no fue una excepción a la devastación de la pandemia de Covid-19.Decenas de personas hacen cola para recibir alimentos donados en Barcelona, ​​España, 10 de noviembre de 2020. © 2020 AP Photo/Emilio MorenattiLa inseguridad alimentaria y la pobreza son problemas persistentes en España.Hace poco más de una década, la crisis financiera mundial de 2008 exacerbó tanto la inseguridad alimentaria como la pobreza.Y así como el nivel de vida de las personas parecía mejorar, la pandemia de Covid-19 y su impacto económico han empeorado una vez más tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria.Al comienzo de la pandemia, el gobierno español amplió los programas de ayuda por desempleo existentes e introdujo un nuevo programa emblemático de asistencia social.Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones declaradas por el gobierno, las debilidades y fallas existentes en el sistema de seguridad social, así como los problemas en el diseño de nuevas formas de asistencia, significaron que el apoyo no alcanzó lo que se necesitaba.Las limitaciones en el alcance y la elegibilidad de las medidas existentes y nuevas han significado que muchas personas aún dependan de la ayuda alimentaria no gubernamental para alimentarse a sí mismas y a sus familias, y luchen por satisfacer sus necesidades básicas.Como resultado, el gobierno de España está incumpliendo sus obligaciones de proteger y cumplir los derechos de las personas a la alimentación ya un nivel de vida adecuado.España no fue una excepción a la devastación de la pandemia de Covid-19.La inseguridad alimentaria y la pobreza son problemas persistentes en España.Hace poco más de una década, la crisis financiera mundial de 2008 agravó considerablemente la inseguridad alimentaria como la pobreza.Y justo cuando el nivel de vida de las personas pareció mejorar, la pandemia de Covid-19 y sus repercusiones económicas volvieron a aumentar tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria.Al comienzo de la pandemia, el Gobierno español amplió las prestaciones por desempleo existentes e introdujo un nuevo y emblemático programa de asistencia social.Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones declaradas por el Gobierno, las debilidades y fallas en el sistema de Seguridad Social, así como los problemas en el diseño de las nuevas formas de asistencia, ocasionaron que las ayudas resultaron insuficientes.Las limitaciones en el alcance y la elegibilidad tanto de las medidas existentes como de las nuevas han ocasionado que muchas personas sigan dependiendo de la ayuda alimentaria no gubernamental para subsistir y alimentar a sus familias, y que tengan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.En consecuencia, el Gobierno español está incumpliendo su obligación de proteger y cumplir con el derecho de las personas a la alimentación ya un nivel de vida adecuado.España no ha sido una excepción en la devastación provocada por la pandemia de Covid-19.Hasta el 13 de junio de 2022, más de 107.000 personas murieron con o por Covid-19, y se produjeron casi 1.700 muertes relacionadas con el coronavirus durante el mes anterior.Más allá del enorme número de víctimas humanas y de su efecto sobre la población en general, las protecciones de salud pública que restringieron significativamente la actividad impuesta durante una cuarentena nacional y los cierres económicos resultaron han causado estragos en las personas que viven en la pobreza o cerca de la línea de la pobreza.Muchas personas en España que ya vivían en la pobreza quedaron aún más expuestas a la pérdida total de ingresos ya la falta de acceso a una alimentación adecuada.Otros, que antes tenían un empleo y vivían por encima del umbral de la pobreza, se encontraron de pronto sin trabajo y luchando por acceder a un sistema de Seguridad Social desbordado por la demanda.Cuando los ingresos se redujeron a un goteo, la gente empezó a retrasarse en los pagos mensuales ya pasar hambre.Las “colas del hambre” delante de iglesias, asociaciones de vecinos y centros comunitarios, con carros de la compra colocados en filas ordenadas a la espera de la distribución de alimentos, se probablemente en una realidad cotidiana.Como mínimo, decenas de miles de personas que viven en la pobreza sienten que su derecho a un nivel de vida adecuado ha sido violado, y enfrentan dificultades para garantizar sus derechos a la alimentación, a la Seguridad Social ya la asistencia social durante la pandemia.El Gobierno tomará algunas medidas importantes para hacer frente a la repentina pérdida de ingresos, ampliando un programa existente (ERTE) en el código laboral para la reducción temporal del trabajo, expresamente para la pandemia de Covid-19, y aceleró el lanzamiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un plan de asistencia social previsto antes de la pandemia cuya introducción se adelantó a mayo de 2020. El IMV no era un régimen de renta básica, sino un programa de asistencia social no contributiva.España es uno de los últimos países de Europa en contar con un programa de asistencia social de ámbito nacional.Tanto la ampliación del ERTE como la introducción del IMV pretendían complementar el sistema de Seguridad Social existente.Sin embargo, los programas no consiguieron compensar la debilidad del sistema de Seguridad Social y no llegaron a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que tuvieron que recurrir a la ayuda alimentaria.El Estado español obtuvo ayuda alimentaria de emergencia a través del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) de la UE.Sin embargo, esta ayuda no es suficiente con respecto a la demanda, por lo que las organizaciones benéficas y comunitarias tienen que cubrir el vacío.El programa de Ingreso Mínimo Vital, que hasta junio de 2022 permitía a los solicitantes pedir entre 491 y 1.081 euros al mes en función del número de miembros de la familia, aunque loable en sus objetivos, resultó extremadamente difícil de acceder a él debido a los estrictos criterios de elegibilidad y los requisitos de documentación.Periodistas de investigación revelaron que las exclusiones adquiridas en el sistema, algunas de ellas manifiestamente arbitrarias, así como un sistema desbordado por la demanda, pudieron haber contribuido a unos índices muy elevados de peticiones rechazadas.Análisis de los datos oficiales de la Seguridad Social muestra que tres cuartas partes de las solicitudes del IMV fueron rechazadas.Además, los niveles de ayuda resultan inadecuados para cubrir las necesidades básicas.Los solicitantes de las comunidades autónomas de España con sistemas de alquiler mínimos similares o complementarios también tuvieron dificultades para acceder a estas ayudas, ya que los gobiernos regionales y centrales tardaron en determinar con precisión a qué tienen derecho los solicitantes y en garantizar la compatibilidad de las prestaciones.Las políticas de las comunidades autónomas en cuanto a la concesión de estas ayudas sociales no contributivas, incluyendo las cuantías de las ayudas y los criterios de elegibilidad, son muy variadas.Las ayudas del ERTE excluyeron a las personas que trabajan en la economía sumergida (que los periodistas estiman en aproximadamente un 20 % del total de la economía; un 11 % según fuentes oficiales).Las ayudas del ERTE no cubrieron adecuadamente la pérdida de ingresos de las personas que trabajan de forma estacional, o de las que cobran parte de su salario de forma no oficial menudo (a denominado “en B”).Algunos grupos se han visto desproporcionadamente afectados por el impacto económico de la pandemia y la respuesta estatal inadecuada.Los datos y las encuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil reconocidas a nivel nacional, como Oxfam Intermón, Cáritas, Save the Children España, organizaciones más pequeñas centradas en un tema específico, y las investigaciones de Human Rights Watch, indican que las familias con hijos, las personas mayores que dependen de las pensiones del Estado, los inmigrantes y los solicitantes de asilo con un estatus legal precario, así como las personas que trabajan en sectores en los que el empleo informal es habitual, como la hostelería, la limpieza, los cuidados y la construcción, se han visto especialmente afectados durante y desde el cierre económico inicial.Las familias monoparentales (de las que, según las estimaciones, 8 de cada 10 son mujeres) información a Human Rights Watch de que se saltaban comidas para asegurarse de que sus hijos no pasaran hambre.Los pensionistas a los que entrevistamos dijeron que las ayudas de la Seguridad Social, que no eran adecuados incluso antes de la pandemia, lo eran aún menos al aumentar el precio de los alimentos y otros artículos de primera necesidad, y que no podrían subsistir sin ayuda alimentaria.Las pensiones finalmente aumentarán en 2022 de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC), casi dos años después de la pandemia, ya que España, al igual que otros países, enfrentó una crisis del coste de vida.Aparte de las personas que solicitaron asilo y de las que dependen de las pensiones relacionadas con la edad, casi todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch que recibieron ayuda alimentaria dijeron que antes de la pandemia de Covid-19, no habían dependido de los bancos de alimentos u otras organizaciones benéficas para obtener alimentos.Muchas expresaron su desconcierto por tener que recurrir a la ayuda alimentaria y reflexionaron sobre cómo su situación era mejor antes de la pandemia.Los organizadores de los bancos de alimentos a los que Human Rights Watch entrevistó observaron que durante sus datos de distribución de alimentos mostraron un aumento de la demanda de ayuda alimentaria la pandemia de Covid-19 fue más evidente que durante los años posteriores a la crisis financiera mundial de 2008, y expusieron sus temores a que los niveles de demanda siguieran siendo elevados una vez que finalizaran las ayudas por la pandemia.En virtud de la legislación sobre derechos humanos, el Gobierno español y las autoridades regionales de España tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan acceder a una alimentación adecuada y que se les garantice un nivel de vida adecuado, incluso a través de su sistema de Seguridad Social.Estos derechos siguen siendo aplicables durante una crisis, incluida la pandemia de Covid-19.Las conclusiones de Human Rights Watch, basadas en investigaciones realizadas en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, reflejan que, a pesar de los esfuerzos realizados para brindar apoyo, el Estado español no protegió los derechos de las personas a la alimentación ya un nivel de vida adecuada durante la pandemia.Human Rights Watch entrevistó a personas que habían solicitado el IMV, así como los planes regionales de renta mínima en Cataluña y Madrid, a personas que recibieron ayudas del ERTE, pensiones relacionadas con la edad y/o prestaciones por discapacidad, a solicitantes de asilo que recibieron ayudas limitadas ya personas que no recibieron ningún tipo de asistencia social.Estas fallas se vieron agravadas por un sistema de Seguridad Social con una cobertura desigual según la región y el tipo de prestación, y un sistema nacional de Seguridad Social y asistencia (más allá de las pensiones no contributivas) prácticamente inexistente antes de la pandemia.La primera oleada de cierres de oficinas durante la pandemia dejó al descubierto la fragilidad de la arquitectura del sistema de Seguridad Social y su inhabilidad para hacer frente a los atrasos ya la demanda del nuevo programa del IMV.Como resultado, las personas se quedaron sin los ingresos adecuados de las ayudas de la Seguridad Social (regímenes contributivos de seguridad social) y de los programas de asistencia social (transferencias monetarias no contributivas para garantizar la subsistencia), en algunos casos durante varios meses, y se enfrentaron al hambre inevitable cuando se les acabó el dinero.Esto sucedió a pesar de los esfuerzos del Gobierno por acelerar el uso de su promesa insignia del IMV como parte de su conjunto de políticas para reducir el impacto económico de la pandemia.La lentitud de la burocracia y los altos niveles de denegación de las solicitudes del IMV contribuyeron al problema.También hubo confusión en cuanto a la forma en que el programa nacional del IMV interactuaba con los planes regionales de asistencia social administrados por las comunidades autónomas.El Gobierno español debería agilizar el proceso de asistencia a las personas con bajos ingresos que necesitan acceder al IMV y hacer más eficiente el proceso de solicitud, así como posibilitar el acceso a las ayudas de emergencia independientemente de la situación de migración, residencia o empleo.El Gobierno español debería reevaluar y revisar las pensiones (relacionadas con la edad), y los gobiernos españoles y autonómicos no deberán también revisar y reevaluar otras formas de apoyo a la Seguridad Social, proporcionando un sistema de indexación eficaz y transparente a las medidas del costo de vida, para garantizar que los beneficiarios de estas ayudas puedan acceder y permitirse una alimentación adecuada.Los gobiernos autonómicos también deberán tomar medidas concretas para reducir la dependencia de sus departamentos de servicios sociales de la derivación de personas necesitadas a fuentes de ayuda alimentaria caritativa, y en su lugar garantizar que las personas derivadas a dichos servicios puedan acceder y permitirse una alimentación adecuada .A pesar de sus intenciones declaradas, en su estado actual el IMV corre el riesgo de ser un programa de asistencia social que ofrece poco, tarde ya un número limitado de personas.Si el Gobierno actúa con valentía para realizar reformas significativas del IMV, y de las ayudas a la Seguridad Social en general, e incorpora en la legislación nacional la protección de derechos socioeconómicos específicos, incluido el derecho a un nivel de vida adecuado ya la alimentación, tiene la oportunidad de garantizar un resultado mejor y más justo para los habitantes en España y de brindarles la resiliencia económica para capear futuras crisis.Este informe es el primero de una serie de investigaciones que Human Rights Watch está llevando a cabo en Europa sobre los derechos de las personas a un nivel de vida adecuado, incorporando sus derechos a la alimentación ya la seguridad social, incluso en el contexto del impacto de la pandemia de Covid-19 y el rápido aumento del coste de vida que se está experimentando a nivel mundial.El objetivo general es identificar recomendaciones y políticas basadas en los derechos que pueden influir en los esfuerzos para garantizar que los sistemas de Seguridad Social satisfagan las necesidades de todas las personas en la sociedad y sean lo suficientemente resilientes para hacer frente a una crisis futura, sobre la base de algunas de las lecciones aprendidas de las respuestas estatales a la pandemia de Covid-19.Human Rights Watch entrevistó a 52 personas que recibieron ayuda alimentaria de emergencia: 24 en Barcelona en junio de 2021, 23 en Madrid, en octubre de 2021, y otras 5 en Madrid, en enero de 2022. También se entrevistaron a 22 empleados o voluntarios de ONG de ayuda alimentaria, expertos académicos y organizadores de ayuda alimentaria de barrios y comunidades de inmigrantes en toda España, entre noviembre de 2020 y enero de 2022, inicialmente realizados a distancia cuando el estado de alarma de España restringía los movimientos, y posteriormente en personaLos testimonios en persona se centraron en cuatro barrios de Barcelona (El Raval en el distrito de Ciutat Vella; Sant Antoni, en el distrito de Eixample, y Verdum y Porta, en el distrito de Nou Barris) y tres en Madrid (San Diego y Palomeras Bajas, en el distrito de Puente de Vallecas y Lavapiés, en el distrito de Centro), reconocidas como zonas de importante marginalidad social.[1] Los datos muestran que estos barrios se vieron especialmente afectados por la pandemia, en consonancia con los patrones generales en torno a los determinantes socioeconómicos de los resultados sanitarios.[2]Además de la Seguridad Social española, esta investigación hace referencia a los sistemas de asistencia social específicos de las ciudades de Barcelona y Madrid, y de las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid.Las referencias a estos mecanismos locales o regionales pueden no tener relevancia directa en otras partes de España.Las entrevistas se realizaron en español, excepto una en catalán y otra en inglés.Todas las entrevistas en persona se realizaron de acuerdo con la política de la organización en materia de seguridad y protección en el contexto de la pandemia.Se utilizaron los nombres completos reales de las personas entrevistadas cuando fue posible, y cuando el entrevistado o la entrevistada dio su consentimiento explícito e informado.Algunas personas prefirieron no utilizar su nombre completo, en cuyo caso ocultamos los apellidos.Cualquier nombre que sea un seudónimo se indica como tal en la nota a pie de página.La edad indicada para cada persona entrevistada y sus familiares se refiere a la edad en la fecha de la entrevista.Todas las notas a pie de página de las citas de las entrevistas se refieren a las entrevistas realizadas en persona, a menos que se indique lo contrario.Durante los meses de marzo y abril de 2022, Human Rights Watch se puso en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, así como con la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid y con el Departamento de Derechos Sociales de Cataluña, con un resumen de nuestras conclusiones y preguntas para cada organismo.En abril, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió por escrito.En junio, la Consejería de Derechos Sociales de la Generalidad de Cataluña también respondió por escrito.Hasta el 22 de junio de 2022, los otros dos organismos oficiales con los que contactaron a Human Rights Watch no respondieron.El impacto inmediato de la pandemia de Covid-19 en España en términos de infecciones y muertes fue grave.En marzo de 2020, el Gobierno español declaró el estado de alarma e impuso medidas de protección de la salud pública que limitaron la circulación y la actividad económica para evitar la propagación del virus.[3] Estas políticas tuvieron un impacto negativo significativo en la actividad económica, ya que muchos lugares de trabajo y escuelas cerraron, la circulación al aire libre estuvo severamente restringida durante varias semanas, y todos los negocios categorizados como no esenciales –restaurantes, tiendas minoristas , actividades culturales y recreativas— quedaron paralizados.[4] Los negocios a los que se les permanecieron abiertos sufrieron una reducción significativa de la clientela y los ingresos, ya que el movimiento de las personas y su posibilidad para realizar compras cotidianas se vieron limitados, mientras que muchos negocios optaron por cerrar sus puertas por miedo o precaucion en la primera oleada de la pandemia.Las repercusiones económicas de la pandemia arrastraron a un nuevo grupo de personas a la pobreza y provocaron un aumento de la inseguridad alimentaria, a pesar de las medidas paliativas aplicadas por el Estado y los esfuerzos nacionales, locales y comunitarios para brindar ayuda alimentaria.Las respuestas políticas a la pandemia también exacerbaron la pobreza que ciertos grupos –entre ellos, las personas mayores que reciben pensiones de vejez, las familias con hijos que viven con bajos ingresos y las personas con una situación migratoria precaria o irregular— ya experimentaron antes de la pandemia y el siguiente cierre económico.[5] El resultado fue un deterioro del disfrute de los derechos económicos y sociales de las personas.Los primeros afectados fueron los que trabajaron en empleos por turnos de mano de obra, seguidos por los trabajadores del sector servicios y, después, los de otras áreas de trabajo con salarios bajos.Las personas que trabajan en la economía sumergida y que se ganan la vida con la venta ambulante o la limpieza doméstica, por ejemplo, ya no podrían salir a ganarse la vida.[6] Muchas de estas personas tuvieron que recurrir a los bancos de alimentos para subsistir.[7]El cierre económico casi total durante semanas de sectores clave de la economía española –turismo, hostelería y ocio, en particular—, seguido de una reapertura escalonada y de nuevos periodos de cierre, dejó sin ingresos a muchas personas que trabajaron en este sector.Es una práctica laboral habitual en esta industria tener contratos de temporada (de corta duración), que no dan lugar al mismo tipo de ayuda al desempleo (paro) en caso de despido que un contrato indefinido.Muchas personas que trabajan en estos sectores que constituyen los “nuevos pobres” de España.En España, las mujeres también tienen más probabilidad de estar empleadas en el sector de la hostelería, por lo que se vieron afectadas de forma desproporcionada por la caída de este sector provocada por la pandemia, al reducirse tanto el número de empleos como las horas de trabajos disponibles.[8]Ana Belén, una ciudadana española de 42 años de Palomeras Bajas, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, regentaba un bar en el barrio cercano de San Diego, que tuvo que cerrar cuando se produjo la pandemia.Vive con un hijo mayor de edad desempleado y una hija de 6 años:Karima, una mujer marroquí de 38 años que lleva en España desde 2003 y que regularizó su situación migratoria en 2009, vive con su marido de 42 años, que es trabajadora de la construcción, y su hija de 8 años.Antes de la pandemia trabajaron en un restaurante.Ni ella ni su marido recibieron un tipo de ingreso en el momento de la entrevista, en octubre de 2021, y declararon recibir 412 euros del IMV al mes como familia, así como algunas bolsas de comida de los servicios sociales, pero ninguna ayuda por desempleo .Describió la situación de su familia mientras esperaba en una “cola del hambre” a las afueras de Cáritas en la parroquia de San Ramón Nonato, en Puente de Vallecas, Madrid:Otman, un hombre saharaui de 50 años, vive en el barrio del Raval de Barcelona con su mujer y sus dos hijos, un niño de 4 años y una niña de 6 meses.Su tío, de 78 años, también vivía con ellos hasta que hace poco pasó a ser atendido en una institución.Otman era cocinero en una residencia universitaria hasta que se desató la pandemia, y desde entonces está en el ERTE.Otman y su familia estaban esperando una audiencia de desahucio el día después de la entrevista.Habló con Human Rights Watch mientras hacía cola para recoger alimentos afuera de la iglesia de San Agustín del Raval:Ana María Ametller Hueto, española de 42 años, vivía en el barrio de Porta de Barcelona con su hija de 6 años.Perdió su trabajo en un restaurante cuando comenzó la pandemia, y su antiguo empleado argumentó que eso significaba que no tenía derecho a un ERTE.Durante la pandemia, dependió de la ayuda alimentaria de una red de ayuda vecinal, y de la Cruz Roja y DISA Trinitat, [12] así como de una tarjeta de gastos de los servicios sociales para comprar alimentos.Ana María habló con Human Rights Watch mientras recogía una entrega de alimentos en DISA Trinitat, que llevó a su nuevo domicilio en otra parte de la ciudad después de que ella y su hija resultaron desalojadas de su apartamento en Porta:Benito Balido Gómez, un ciudadano filipino de 63 años, vive en Barcelona con su pareja, una mujer ecuatoriana de 56 años, y su hijo de 13 años, de nacionalidad española.Dijo que había trabajado como cocinero, camarero y eventualmente jefe de cocina, hasta que sufrió tres infartos y tuvo que dejar de trabajar antes de la pandemia.Tras recoger el paquete de comida quincenal de su familia en el Centro Cultural Indio de Sant Antoni, afirmó:La pandemia de Covid-19 y los cierres de empresas que se producen como consecuencia también pusieron de manifiesto la ya precaria situación económica que viven las personas mayores que reciben pensiones públicas.Las pensiones públicas constituyen una parte fundamental de la arquitectura de la Seguridad Social española e incluyen una pensión de jubilación que depende de la edad, junto con otros pagos de la Seguridad Social relacionados con la discapacidad, la viudedad y la orfandad.Los trabajadores y los empresarios cotizan a un régimen de pensiones estatales contributivo, al que generalmente pueden acceder las personas al cumplir los 65 años.A finales de 2020, había aproximadamente 6 millones de personas que reclamaban pensiones relacionadas con la edad en total, y 8,9 millones de beneficiarios de pensiones, incluyendo las otras categorías.[15]Las personas que no han cotizado durante el mínimo de 15 años que exige el régimen contributivo pueden solicitar una pensión no contributiva que en 2021 tenía una base fijada por ley de 5.639 euros al año;y durante el año 2021 también se preveía un pago único adicional de 525 euros a las personas mayores beneficiarias de la ayuda que pudieran demostrar dificultades y cumplir los criterios de elegibilidad relacionados con la vivienda.[16] Sin embargo, según algunos cálculos, la cantidad real anual recibida durante el año podría oscilar entre los 1.409 euros como pensión mínima (con un subsidio inferior al tipo básico para las personas mayores que cohabitan con otro beneficiario de una pensión, o con otros miembros de la familia obtuvieron reducciones el cálculo de ingresos de su derecho a la pensión), y los 8.458 euros para una persona con una pensión por incapacidad relacionada con un accidente de trabajo o enfermedad profesional grave.[17]El nivel de la pensión a través del régimen no contributivo no alcanza el mínimo necesario para un nivel de vida adecuado.En 2021, tanto si se utiliza el umbral de pobreza más bajo calculado por Oxfam, de 5.840 euros al año (16 euros/día), como si se utiliza el cálculo basado en el AROPE proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística oficial y EAPN España , de 9.626 euros al año, la tasa base de la pensión no contributiva (4.833 euros) está por debajo de los niveles adecuados.[18]Ya en 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU criticó la inadecuación de las pensiones contributivas y no contributivas por edad en España, por considerar que la tasa de cobertura era insuficiente para garantizar a los pensionistas ya sus dependientes un nivel de vida adecuada, y pidió al Gobierno español que restableciera el vínculo entre los montos de las prestaciones de la Seguridad Social y el coste de vida.[19] En mayo de 2021, los pensionistas salieron a las calles de toda España para exigir “pensiones dignas” que protegieran sus derechos y les permitieran un nivel de vida adecuado.[20] Las asociaciones de pensionistas han expresado su preocupación por el hecho de que los niveles actuales de apoyo a las pensiones son insuficientes para mantener un nivel de vida digno, como resultado de más de una década de incrementos por debajo de la inflación, y de lo que mejorarán una disminución continua del valor de su pensión en términos reales.[21]En un paso positivo, el Gobierno encontró una legislación, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, que eleva las tasas de las pensiones y garantiza que estarán vinculadas al IPC, para que sigan el ritmo de la inflación, que en el momento de redacción de este informe es del 8,7 % en general (y del 11 % en el caso de los alimentos, y el 17,5 % en el de la vivienda, incluidos los servicios públicos).[22]María, una ciudadana española de 71 años, vive con su hermana de 85 años, de nacionalidad ecuatoriana, y que, según María, no tiene derecho a ninguna ayuda pública.Cuando habló con Human Rights Watch en junio de 2021, María llevaba tres horas haciendo cola en un punto de reparto de alimentos en el barrio de Sant Antoni de Barcelona.Llevaba seis meses acudiendo con regularidad tras ser derivada por el departamento de servicios sociales de la ciudad:Fernando, un ciudadano español de 73 años que se mudó a Madrid en 1963, dijo que trabajó hasta que se jubiló a los 65 años.Vive solo en un apartamento que le deja un amigo.Habló con Human Rights Watch mientras esperaba comida en la “cola del hambre” de Cáritas en la parroquia de San Ramón Nonato, en Puente de Vallecas (Madrid), donde recibe alimentos periódicamente desde hace seis meses:Organizaciones de primera línea que acompañan a las personas necesitadas y analistas de la lucha contra la pobreza han documentado cómo las familias con hijos se han visto afectadas de forma desproporcionada por la pérdida de ingresos o la reducción de los mismos durante la pandemia.[25] Los grupos defensores de los derechos de los niños plantearon su preocupación por el impacto desigual durante un periodo prolongado de cierre de escuelas y confinamiento total de los niños y las niñas en casa durante seis semanas en 2020. [26] Las familias con los bajos ingresos tuvieron dificultades para llegar a fin de mes durante ese tiempo, ya que los costes adicionales de mantener a los niños alimentados aumentaron.Una encuesta realizada por el principal grupo de defensa de las familias monoparentales de España, FAMS, ha puesto de manifiesto el impacto desproporcionado en los hogares monoparentales, de los que se calcula que el 82 % están dirigidos por mujeres.[27] En una encuesta realizada a 545 hogares monoparentales de toda España (de los cuales 542 fueron dirigidos por mujeres) durante el estado de alarma inicial, en el primer mes del confinamiento, el 27 % dijo que no podía afrontar los costes adicionales de la comida, y otro 34 % dijo que se las había arreglado hasta entonces pero que no sabía si podría seguir haciéndolo si la situación continuaba.[28]Los datos oficiales confirman este preocupante panorama.La última encuesta nacional disponible sobre el costo de vida, de julio de 2021, deja claro que mientras el 26,4 % de todos los hogares estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, los datos desagregados mostraron que el 49,1 % de los hogares monoparentales lo estaban, y el 37,8 % de todos los hogares con más de dos hijos también.[29]España y sus comunidades autónomas gestionan un sistema sencillo de subsidios y prestaciones para las familias con hijos, algunos en función de si tienen una discapacidad, el tamaño de la familia (hogares monoparentales y hogares con tres o más hijos) o la comprobación de los recursos , y otros de carácter universal, por ejemplo, una prestación fiscal adicional mensual para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años.[30]La insuficiencia de la asistencia social y las prestaciones sociales de España a los hogares con hijos ha sido objeto de importantes críticas internacionales en los últimos años.En 2019, la Comisión Europea destacó en una recomendación al Consejo Europeo que la “eficacia de las prestaciones sociales –excluidas las pensiones— para reducir la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la Unión, especialmente en el caso de los menores”, y que “el gasto social como porcentaje del PIB en España para los hogares con hijos en España es uno de los más bajos de la UE y no está bien orientado”.[31]Un estudio encargado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020 documentó que España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de Europa Occidental (22,1 % en abril de 2017), en parte debido a la débil e inadecuada cobertura de sus planes de apoyo a los ingresos.[32] Las escasas pruebas disponibles muestran que la introducción del IMV, precipitada como respuesta a la pandemia pero que ya formaba parte de la agenda del Gobierno de cobertura, no está reduciendo la pobreza infantil, a pesar de la declaración de la ministra de Inclusión , Seguridad Social y Migraciones de que es “el mejor instrumento para atajar la pobreza”;de hecho, ha sido insuficiente para mitigar la creciente pobreza infantil durante la pandemia.[33] El Alto Comisionado de España para la lucha contra la pobreza infantil declaró ante una comisión parlamentaria en octubre de 2021 que, aunque el IMV era un importante cambio de paradigma, las ayudas sociales españolas no estaban llegando a muchos hogares que vivían en la pobreza, porque las ayudas proporcionadas eran en sí mismas insuficientes, los umbrales de elegibilidad eran demasiado restrictivos y porque muchas familias no sabían que tenían derecho a dichas ayudas y no las solicitaban.[34] En una respuesta a Human Rights Watch, el Ministerio consagró que era consciente del problema de “non take-up” (la escasa utilización de las ayudas por parte de los potenciales beneficiarios), y que prefería resolverlo.[35]Kréta Adamova, una mujer romaní y ciudadana checa de 29 años, que vive en Barcelona desde los 4, reside en una vivienda social asequible en el barrio de Verdum, con sus hijas de 8 años y 9 meses, y su madre de 63 años.Kréta contó a Human Rights Watch que trabajó en un matadero hasta que sufrió un accidente laboral hace tres años:Verónica, de 37 años, también vive en el barrio de Verdum con sus tres hijos, de 18, 14 y 12 años, y su marido, de 34 años.Todos son ciudadanos españoles.Antes de la pandemia, su marido era autónomo y trabajaba en la construcción, y ella ganaba dinero trabajando en la economía sumergida como limpiadora.Vive en una vivienda social:Joan, un ciudadano español de 44 años, nacido y criado en el Raval, sigue viviendo allí con su mujer y su hijo de 10 años.No tenía derecho a la ayuda del ERTE porque trabajaba en la economía sumergida, pero le pagaban prestaciones de desempleo.Tras recibir su paquete quincenal de alimentos en un centro de distribución de la iglesia de San Agustín, Joan habló con Human Rights Watch:Muchas familias que viven con bajos ingresos en las ciudades españolas comparten piso, a menudo sin contratos formales de arrendamiento, debido a los problemas de larga duración de insuficiencia de viviendas sociales y de la inasequibilidad de las viviendas del sector privado.[39] España tiene uno de los índices más bajos de parque de viviendas sociales de la UE.[40] Las familias entrevistadas que viven en circunstancias estas informaciones de que tienen que elegir entre comer o pagar su parte del alquiler, especialmente durante el primer confinamiento casi total entre marzo y mayo de 2020. Las familias inmigrantes con una situación migratoria incierta, y un acceso limitado o nulo a las ayudas de la Seguridad Social, tienen más posibilidades de vivir en viviendas compartidas.Las investigaciones de Human Rights Watch indican que los derechos de los inmigrantes indocumentados y los solicitantes de asilo están afectados de forma desproporcionada por la respuesta estatal defectuosa frente a la recesión económica.Los inmigrantes tienen más probabilidades de ganar al menos una parte de su salario de manera informal, por lo que reciben prestaciones menores o ninguna;de trabajar en la economía sumergida, o de perder sus empleos en sectores afectados por el periodo de cierres y medidas de protección de la salud pública, como el cuidado doméstico, y la subsiguiente recesión económica.[41]Los inmigrantes que trabajaron en la economía sumergida, aquellos sin papeles y los solicitantes de asilo declararon tener dificultades para acceder a la Seguridad Social e incluso, en algunos casos, a los bancos de alimentos, debido a la falta de documentos necesarios para demostrar su elegibilidad .Las personas sin estatus migratorio legal solo tienen derecho a la asistencia social básica de emergencia, que suele ser de corta duración o de carácter puntual.Las personas que solicitan asilo tienen, en teoría, derecho a niveles básicos de ayuda social para garantizar unas condiciones mínimas de dignidad, pero estas requieren que la persona presente otras solicitudes más allá de su petición inicial de protección.Estos problemas se han visto agravados por el cierre, durante parte de 2020, de las oficinas administrativas que facilitan documentos a los inmigrantes y solicitantes de asilo, lo que ha comprometido los retrasos existentes.[42]Silvia Sánchez Bonilla es una mujer colombiana que llegó a España con su marido, David, en agosto de 2019. Ambos solicitaron asilo y estaban a la espera de registrar formalmente sus solicitudes de asilo cuando fueron entrevistados por Human Rights Watch en junio de 2021. Silvia formó el colectivo Cuidadoras sin Papeles, que gestionó un banco de alimentos informal para otras personas en una situación de precariedad similar, que depende de un trabajo ocasional en la economía sumergida para obtener ingresos.Silvia mostró a Human Rights Watch el alojamiento que compartieron ella y su marido, en la cabina técnica y el almacén de un teatro que les había acogido:aproximadamente una semana después de ser entrevistados, la pareja recibió sus tarjetas de registro de asilo, que les autoriza legalmente a trabajar en España hasta que haya una decisión sobre su caso de asilo.Gloria Díaz, de 39 años, también de Colombia, pidió asilo en Madrid con su hija, que entonces tenía 16 años, en febrero de 2020. Se quedaron atrapadas y sin dinero en Barcelona cuando se suspendió la tramitación del asilo durante la pandemia.Reanudaron sus solicitudes de asilo en junio de 2020, una vez que se reabrieron las oficinas de inmigración.Su hija se quedó embarazada durante la pandemia mientras vivían en una habitación de un piso compartido en Barcelona.Desde finales de mayo de 2021, el Gobierno ha proporcionado a Gloria, a su hija ya su nieta recién nacida alojamiento en un pueblo a unos 30 kilómetros de Barcelona y acceso a un sistema en línea que cubre los costes de los alimentos básicos.Un mes después Gloria volvió a hablar con Human Rights Watch:Miguel, de 32 años, y Jennifer, de 27, provenientes de El Salvador, hablaron con Human Rights Watch mientras recogían alimentos distribuidos por el Centro Cultural Indio de Barcelona, ​​donde fueron remitidos por los servicios sociales de la ciudad para recibir ayuda alimentaria.Ellos y su hija de 4 años viven en Barcelona desde 2019 en una situación migratoria irregular después de que se les niega el asilo en otro país de la UE.Miguel dijo:Yanay, madre soltera peruana de 37 años, sin estatus migratorio regular ni empleo fijo, llegó a España en 2019. En el momento de la entrevista, vivía con su hijo de 18 años y su hija de 14 en una habitación de un piso compartido en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.Habló con Human Rights Watch mientras hacía cola esperando el reparto de alimentos organizado por Cáritas Madrid desde la Parroquia de San Ramón Nonato en el barrio de San Diego de Puente de Vallecas:Cuando la pobreza aumentó repentinamente y se hizo evidente que la población necesitaba ayuda alimentaria urgente, las organizaciones benéficas nacionales, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias intervinieron para llenar el vacío asistencial.Las redes nacionales de bancos de alimentos, que reciben y distribuyen la ayuda alimentaria financiada por la UE (Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, FEAD) a través de los gobiernos español y autonómico y una amplia variedad de asociaciones comunitarias y grupos de vecinos movilizaron la distribución de alimentos a las personas que no pudieron permitirse una alimentación adecuada o acceder a ella, entre ellas las personas que habían sido remitidas por los organismos de servicios sociales.[48]La demanda de ayuda alimentaria se ha disparado desde principios de 2020. La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que coordina los mayores bancos de alimentos del país y garantiza la entrega de la ayuda alimentaria gubernamental a través del FEAD, informado de un notable aumento de la demanda durante 2020. [49] Entrevistado en noviembre de 2020, Ángel Franco, locutor de FESBAL, estimó que el fondo había duplicado la cantidad que distribuía desde la primavera hasta el verano de 2020. [50] En junio de 2021 , FESBAL estimó que su asistencia había llegado a 1,56 millones de personas, incluidos más de 300.000 niños, durante 2020, lo que supone un aumento de casi el 50 % en términos de personas totales alcanzadas en comparación con 2019. Las cifras de las organizaciones miembros de FESBAL en Madrid y Barcelona, ​​entrevistadas por Human Rights Watch, coincidieron con las tendencias nacionales.[51]Los tres representantes de la red nacional de bancos de alimentos expresaron su sorpresa por la rapidez con la que aumentó la demanda, y la compararon con su experiencia durante la crisis financiera mundial y la posterior Gran Recesión de 2008-10, que desencadenó una crisis de vivienda y pobreza en España que continuaron después de que la recesión terminara formalmente en 2014. [52]Gema Escrivá, directora general del Banco de Alimentos de Madrid, dijo a Human Rights Watch en noviembre de 2020:Cáritas, una organización católica de ayuda y servicios sociales, también informó de que en abril de 2020 estaba brindando asistencia al doble de hogares de la diócesis de Barcelona con alimentos y ayuda económica en comparación con el mes de abril anterior, y dijo que estaba recibiendo tres veces más visitantes de personas que acudieron por primera vez por ayuda que antes de la pandemia.[54]Human Rights Watch también solicitó información por escrito al Gobierno central ya las autoridades autonómicas competentes sobre el uso de los bancos de alimentos a nivel nacional y regional.En el momento de redactar este informe, solo el Departamento de Derechos Sociales de Cataluña había facilitado esta información.Los datos en Cataluña mostraron un aumento del 48 % entre 2019 y 2020 en el número de personas que recogen ayuda alimentaria distribuida con los recursos del FEAD de la UE a través de las filiales de FESBAL y las secciones de Cruz Roja de Cataluña.En toda Cataluña, a pesar de una disminución en la distribución de ayuda alimentaria durante 2021 con respecto al pico de 2020, hubo 60.524 personas más que recibieron dicha ayuda alimentaria en 2021 en comparación con 2019 (un aumento del 20 %).La tabla siguiente muestra el número de personas que reciben ayuda alimentaria suministrada por el FEAD por provincias catalanas, y el número total en la comunidad autónoma.Conforme aumentaba la necesidad a partir de marzo de 2020, los vecinos gruposles y comunitarios, a menudo aprovechando los vínculos existentes con las redes de activistas por el derecho a la vivienda establecida durante la crisis financiera de 2008-10, y las organizaciones de los colectivos de inmigrantes, comenzaron a coordinar redes de apoyo de ayuda mutua, que surgieron el acopio y distribución de alimentos, o aumentar significativamente sus iniciativas.[55]En Madrid, especialmente en los barrios de bajos ingresos, los movimientos vecinales se unieron rápidamente para hacer frente a la demanda, partiendo de su activismo existente y de los vínculos con la comunidad.En Vallecas, un barrio mayoritariamente obrero al sur del centro de Madrid, un grupo de activistas describió cómo surgió el colectivo Somos Tribu VK para hacer frente a la creciente necesidad.Marimar, trabajadora social, dijo:César Bárcenas, coordinador de una de las despensas solidarias del barrio de Somos Tribu VK, en San Diego, agregó:En el barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid, otra zona de bajos ingresos, la Asociación Valiente Bangla, una organización de migrantes bangladesíes en Madrid que aboga por sus derechos, organizó la recogida y distribución de alimentos desde finales de marzo hasta finales de junio de 2020, inicialmente para los migrantes bangladesíes, pero finalmente para unos 450 hogares que incluyen a migrantes de varios países ya no migrantes.La Asociación Valiente Bangla forma parte de una red más amplia de grupos que coordinan la distribución de alimentos en Lavapiés, entre ellos AISE, una asociación de migrantes senegaleses;Dragones Lavapiés, un club de fútbol juvenil;y BAB-Colectivo y Hola Vecinas, ambas asociaciones de vecinos.[57]Mohammed Fazle Elahi, de la Asociación Valiente Bangla, dijo:En Barcelona, ​​las asociaciones de vecinos de base, las organizaciones sindicales formales e informales, los centros de distribución de alimentos gestionados por las iglesias y las organizaciones culturales, como DISA Trinitat (que forma parte de un grupo de despensas vecinales vinculados a Cáritas, véase la descripción más adelante) y el Centro Cultural Indio, información de un repunte similar de personas que necesitan ayuda alimentaria.[59] Marta Marzal, coordinadora de la distribución de alimentos en el Centro Cultural Indio, dijo a Human Rights Watch en junio de 2021:El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, ​​que procedieron principalmente de países durante de África Occidental, organizaron una red de acopio y distribución de alimentos los primeros meses de la pandemia, después de que sus miembros (denominados coloquialmente “manteros” en español y “ manters” en catalán, debido a la práctica de vender sus productos expuestos en una manta) no podrían trabajar.El Sindicato colaboró ​​con el Banco de Alimentos de Barcelona, ​​el principal mercado mayorista de alimentos de Barcelona, ​​y con particulares que donaron alimentos o dinero en efectivo para garantizar que los vendedores ambulantes y otras personas que se pusieron en contacto con ellos para pedir ayuda pasaran hambre.[61]Papalaye Seck, miembro del sindicato popular de vendedores ambulantes, dijo:Además de la antigua tradición de las iglesias de distribuir “limosnas”, que se multiplicó con colas que se extendían fuera de las iglesias para la distribución semanal o quincenal de alimentos, Cáritas España, la organización de ayuda y servicios sociales vinculados a la Iglesia Católica , y sus voluntarios locales comenzaron a desarrollar nuevas formas de abordar la creciente necesidad de ayuda alimentaria.En parte, se abandonará el modelo clásico de “reparto” y adoptará un modelo que ayudará a las familias ya las personas a superar problemas más amplios, como el estigma de hacer cola para recibir alimentos, ya abordará algunos de los factores estructurales subyacentes que llevan a necesitar ayuda alimentaria de emergencia.DISA Trinitat es un proyecto social de voluntariado y una despensa solidaria impulsada por nueve parroquias locales y Cáritas Diocesana de Barcelona, ​​con la ayuda del Ayuntamiento de Barcelona y de las administraciones y servicios sociales del distrito de Nou Barris.Desde 2012 presta ayuda directa a personas en situación de pobreza.[63] Para recibir la ayuda de DISA Trinitat, las personas deben ser derivadas por los servicios sociales de la ciudad o por Cáritas.El 70 % de los alimentos que distribuye proceden del Banc d'Aliments de Barcelona y de programas de distribución de alimentos respaldados por el FEAD, y el resto de Cáritas, donaciones de iglesias locales, supermercados, fundaciones filantrópicas y particulares.Antoni Quintana, coordinador de DISA Trinitat, describió que el proyecto se basó inicialmente en la creación de un entorno en el que las personas en situación de pobreza podrían recibir asistencia y que los voluntarios les acompañaran en otras necesidades que podrían tener (por ejemplo, salud mental, empleo, atención médica), y no solo en la entrega de alimentos.Quintana dijo a Human Rights Watch que adaptó su modelo durante la pandemia:Los datos de DISA Trinitat corroboran las tendencias más amplias observadas por los bancos de alimentos miembros de FESBAL y Cáritas en cuanto a las personas que acuden a la recogida de alimentos en el primer año después de la llegada de la pandemia a España, con un número reducido de hogares que solicitan ayuda alimentaria a lo largo de 2021, pero que sigue siendo considerablemente superior a los niveles previos a la pandemia.Los datos de DISA Trinitat también coinciden con el patrón más amplio documentado por los datos del Gobierno autonómico catalán sobre la ayuda alimentaria proporcionada por el FEAD en las cuatro provincias de Cataluña.Quintana describió el papel de los voluntarios de DISA Trinitat en relación con las responsabilidades que el Estado tiene con sus ciudadanos y residentes:Human Rights Watch también visitó y habló con el personal, los voluntarios y los usuarios de los servicios de un programa similar de supermercado social (economato solidario) respaldado por Cáritas en la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián en Vallecas, Madrid.El proyecto ha funcionado como proyecto piloto durante un año, con el apoyo de la Cuarta Parroquia de Cáritas Madrid.[66]Las personas eran derivadas al economato por los servicios sociales de la ciudad, por Cáritas o por otras organizaciones del barrio.Una vez remitidos, podrán acudir los días que el supermercado social estaba abierto, y canjear los “puntos” que se les asignaban en función del número de miembros de su familia por su elección de alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene.Cuando Human Rights Watch lo entrevistó en enero de 2022, un representante de la vicaria territorial de Cáritas dijo que el economato tenía previsto introducir un programa de vales independientes, operar en coordinación con un mercado local, en el que los usuarios de los servicios podrían intercambiar puntos por fruta fresca, verduras y carne.[67]La pobreza aumentó en España durante la pandemia, al igual que en otros países de Europa.[68] Los datos oficiales de la Comisión Europea procedentes de Eurostat mostraron que, aunque en toda la UE la renta media disponible y las tasas de “riesgo de pobreza y exclusión social” (AROPE) se mantienen estables, la tasa AROPE aumentó en nueve países de la UE, entre ellos España.[69] Un estudio encargado por el Banco Mundial expirará, en agosto de 2021, que entre 3,6 y 5,4 millones de personas más en toda Europa estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en comparación con antes de la pandemia, y dijo que las “consecuencias económicas podrían haber sido mucho peores de no haber contado con el considerable apoyo gubernamental”.[70] El estudio también señaló el impacto desproporcionado en los países del sur de Europa, que albergan el 36 % de la población de los 27 países de la UE, pero que representan más de la mitad del aumento total de la pobreza, y preveía que para 2022 las tasas de “riesgo de pobreza” en los países del sur de Europa habrían vuelto a su máximo de 2013, tras la crisis financiera mundial.[71]Un informe clave de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES) estimó que unos 4,5 millones de personas en todo el país vivían en situación de pobreza severa (con menos de 6.417 euros al año) en 2020. [72] EAPN-ES estimó que, en 2020, 620.000 personas más que en 2019 estaban en riesgo de pobreza en España, lo que supone el primer aumento de esta tasa desde el pico del efecto de la crisis financiera global en España en 2013/ 14[73] Oxfam Intermón ha calculado, a partir de datos oficiales, que durante 2020 las personas de los dos deciles de renta más bajos de España vieron caer su renta disponible un 15,8 % y un 9,7 %, de media, respectivamente , frente a un descenso medio del 3,7 % en el resto de grupos de renta.[74] Las cifras oficiales basadas en la encuesta anual del coste de vida publicada en 2021 mostraron que el porcentaje de la población que experimenta “carencia material severa”, aumentó del 4,7 % en 2019 al 7 % en 2020. [75]Quizás el símbolo más visible de la privación material fue el crecimiento de las colas de personas para recibir alimentos.Esto estaba relacionado con el aumento del número de personas en riesgo de pobreza, junto con la fuerte caída de los ingresos de muchas personas que ya se encontraron en los niveles de ingresos más bajos.La respuesta del Gobierno al impacto económico de la pandemia se vio obstaculizada por los fallos existentes en los sistemas de seguridad y asistencia social, como la insuficiencia de los niveles de ayuda financiera, una burocracia de Seguridad Social difícil de transitar y los retrasos en la tramitación de las solicitudes y los pagos de la Seguridad Social.Los nuevos esfuerzos realizados a nivel nacional para hacer frente a la situación – un programa de regulación temporal del empleo relacionado con la pandemia y la prohibición de los despidos para proteger a los trabajadores – junto con un programa de ingreso nacional mínimo (IMV), recientemente introducido pero que había sido planificado anteriormente, ayudó, pero fueron insuficientes para satisfacer las necesidades adicionales, especialmente el IMV, que en la práctica solo se benefició a una fracción de sus beneficiarios previstos.En febrero de 2020, el entonces Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, llevó a cabo una visita a España y concluyó que tenía un “sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza”.[76] Alston evaluó el sistema de protección social de España como un “trabajo deficiente en la lucha contra la pobreza”, remarcando que “cuando las ayudas llegan a quienes las necesitan, su cuantía puede ser extremadamente baja”.[77]La respuesta del Gobierno a la pandemia, en parte, trató de abordar las críticas existentes al sistema, pero quedó corta a la hora de garantizar la protección de los derechos de las personas a la alimentación ya un nivel de vida adecuado.Para proteger a los trabajadores y evitar el desempleo masivo, al igual que otros países, el Gobierno español respondió a la inminente crisis económica con un plan de regulación temporal de empleo.En España, esto cubriría el 70 % de los salarios de los empleados y trabajadores que no podrían trabajar debido a la pandemia, y una prohibición temporal de que los empresarios utilizaran la pandemia como justificación para los despidos.[78]Anunciados en marzo de 2020, las medidas de flexibilización laboral relacionadas con la pandemia (ERTE, por el acrónimo de Expediente de Regulación Temporal de Empleo – una disposición para la reducción temporal del trabajo ampliada con este fin como medida de emergencia) estaban programadas inicialmente para durar solo hasta que terminara el “estado de alarma” en junio de 2020. [79] El régimen del ERTE se prorrogó sucesivamente, con algunas modificaciones, hasta que finalizó el 31 de marzo de 2022. [80] El número de personas que llegaron el ERTE se estabilizó en torno a 750.000 entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, pero en enero de 2022 había descendido a 105.000.[81]La práctica salarial de evasión fiscal en la que los empresarios pagan a su personal parte de sus ingresos de forma oficial con cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones fiscales, y el resto de forma no oficial en efectivo (a menudo denominado “en B”) , creó un problema para los trabajadores con los salarios pagados de esta forma.[82] Aunque el alcance exacto de esta práctica es difícil de precisar, la mayoría de las estimaciones indican que aproximadamente el 20 % del PIB corresponde a la economía sumergida.[83] El 14 % de los empresarios encuestados en 2021 admitieron que pagaban parte o la totalidad de los salarios de sus empleados en B. [84] Las mujeres tienen más probabilidades de estar en puestos de trabajo pagados en B que los hombres, y los menores de 24 años son especialmente susceptibles de sufrir esta explotación, dado el alto nivel de desempleo juvenil en España.[85]Los pagos por ERTE solo cubrirían el 70 % del salario registrado oficialmente y no el componente en B. frenar la evasión fiscal en las transacciones en efectivo.[86] Es probable que el efecto de esta reforma haya sido mínimo para las personas con sueldos bajos que calcularan el derecho a esta ayuda, ya que, como se desprende de la experiencia de las personas entrevistadas por Human Rights Watch, la parte en B de su salario mensual seguramente estaba muy por debajo del umbral de 1.000 euros.Jessica Ferrer, una mujer italiana de 36 años de origen venezolano, trabajaba como cocinera antes de la pandemia.En el momento en que habló con Human Rights Watch era una activa participante-organizadora de una despensa solidaria coordinada por Somos Tribu VK en Puente de Vallecas, Madrid.Jessica explicó lo que esto significaba en la práctica:Los trabajadores de la economía informal que de repente no tienen ingresos tampoco podrán recurrir, en la mayoría de los casos, al sistema de Seguridad Social basado en las cotizaciones (ya que no habían cotizado) ni a los pagos por regulación temporal de empleo (a los que solo podrán acceder aquellos cuyos salarios y empleos estaban registrados oficialmente en los sistemas fiscales y de Seguridad Social).tampoco podrá modificarse la prohibición de los despidos, porque ya estaban fuera del sistema de empleo formal.Cabe señalar que la ausencia del programa de los ERTE habría sido desastrosa.El apoyo del ERTE llegó a las personas de los quintiles de ingresos más bajos y fue una de las respuestas más eficaces de la Seguridad Social, pero siguió siendo insuficiente para sectores clave de la población.[88]Ante el aumento del desempleo y la previsión de pobreza provocada por la pandemia, el Gobierno español promulgó en mayo de 2020 un plan nacional de Ingreso Mínimo Vital (IMV), que permitía a los solicitantes pedir entre 461,50 y 1.015,30 euros al mes en función del tamaño y la composición del hogar.[89] En teoría, el IMV estaba disponible para los solicitantes con carácter retroactivo desde el 1 de junio de 2020, siempre que lo solicitaran antes de finales de ese año.La coalición gobernante en funciones ya había planeado introducir el IMV antes de la pandemia, pero aceleró su lanzamiento como respuesta a la misma.[90] El plan nacional del IMV se desarrollará además de los programas de asistencia social existentes establecidos por los gobiernos regionales o las comunidades autónomas de España, de calidad, niveles de apoyo y alcance muy diverso.[91]Es importante señalar que el IMV no es un plan de renta básica universal, como su nombre puede sugerir, sino un programa de asistencia social básica que proporciona ayuda en función de varios criterios de elegibilidad.[92]En junio de 2020, poco después de que se anunciara el IMV, Olivier de Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza, aplaudió cautelosamente el plan nacional, pidiendo a las autoridades que ampliaran la cobertura y la elegibilidad para garantizar que las personas no quedarán excluidas por los requisitos de edad y estatus migratorio.[93]El IMV incluye en su diseño algunas exclusiones arbitrarias que desaparecen a los adultos jóvenes en situación de pobreza ya las personas en una situación migratoria irregular.Está disponible para personas de entre 23 y 65 años, y para adultos de entre 18 y 22 años solo si son responsables de un hijo.[95][97][99][104][107][109][111][114][115][116][117][118][121][126][128][130][133][134][135][136][137][142][144][145]Esto sucedió a pesar de los esfuerzos del Gobierno por acelerar el uso de su promesa insignia del IMV como parte de su conjunto de políticas para reducir el impacto económico de la pandemia.Alabama.30-32.39-40.Alabama.5-6.14Alabama.19182.4.2.131.3.10-12.12103059.32.38.48.Arte.Arte.22-23.